miércoles, 1 de febrero de 2012

¿Reforma Educativa?

FUNDAMENTAL ANÁLISIS CRÍTICO DE LA LLAMADA "REFORMA EDUCATIVA" MULTIPARTIDARIA, REALIZADO POR EL SECRETARIO GENERAL Y LÍDER DE "UNIDAD NACIONALISTA", CNEL. (R) LUIS MARÍA AGOSTO - PARTIDO NACIONAL
Según un titular de primera plana de “El País” la concertación omnipartidaria para la educación tiene como objeto abatir el “poder” de los sindicatos de trabajadores de la enseñanza. 
Lo cual me sume en hondas cavilaciones. 
Es que me cuesta concebir que todo el arco de partidos con representación parlamentaria se concierte, en unánime connivencia, para perseguir una meta inconstitucional, ilegal, incompatible con las obligaciones internacionales de la República, que al perturbar la acción sindical desconoce tradiciones patrias genuinas y no postizas, como la de defender los intereses justos de los trabajadores y así equilibrar en lo posible las desigualdades inherentes al poder económico estatal o privado. No; imposible: seguro que la inevitable síntesis de un titular periodístico explica ese insólito contenido del titular. Salvo prueba en contrario, claro.
Porque si fuera conveniente “cortar las alas” a organizaciones gremiales que la Constitución manda al Estado promover --no atrofiar ni reprimir ni amenazar-- no hacía falta que todo el elenco de estadistas patrios derrocharan su valioso tiempo en hacerlo mediante arreglos extraparlamentarios no previstos por el constituyente, ergo de dudosa licitud. Leyes tiene nuestra República –algunos dicen que en demasía—que establecen un claro dilema: o ese “poder” de agremiaciones que la gente establece en uso de la libertad de asociación se ejerce según las normas que regulan su lícito funcionamiento - y entonces entrometerse en su accionar es un abuso de poder que pone a los políticos al margen de la legalidad-- o bien esos gremios y asociaciones desbordan sus prerrogativas, y en ese caso, sin tanta alharaca, sencillamente se les imponen correctivos o sanciones, precedidos por pruebas fehacientes, audiencia de los “acusados” y demás garantías del debido proceso, que es difícil cultivar en la atmósfera convulsa y teatral de un concierto de circo sin “panem”, en que los agentes políticos hablarán para las tribunas, es decir para los votantes que aspiran seducir. 
Más diré: si fuera cierto que los sindicatos han excedido sus atribuciones, tendrían un atenuante, porque en alguna medida los funcionarios, docentes y no docentes, tienen que ver con eso de la enseñanza, cosa que no se puede decir de la mayoría de los políticos, y ante el hecho notorio de clases que no se inician, edificios nuevos en ruinas, profesores rapiñados en los locales de educación, vecindarios asediados por la violencia circunliceal, programas que se cambian veleidosamente para engalanar el curriculum de sus mediocres creadores; un plan de educación que hay que reverenciar como “pro-mejora” sólo porque así se denomina (receta mágica ya superada hasta por los médicos brujos de las tribus del Kalahari). 
Por eso me pregunto: ¿no tienen acaso derecho, los que contribuyen con su trabajo a la formación de los educandos, que además son sus hijos, a hacer pesar sus opiniones sobre cosas que no conocen de oídas sino por vivirlas, y que el poder público contumacialmente no resuelve, sino que agrava y fomenta? 
Pero además, ¿qué derecho tiene el Estado a recortar ese “poder” sindical que le desagrada cuando un gremio comete el “delito” de Martín Fierro de “andar reclamando sueldos” o se niega a tolerar que el partido en el poder asuma el papel de ventrílocuo de las agrupaciones gremiales, siendo que si los trabajadores se resignaran sumisos a perder año tras año poder adquisitivo y repitieran servilmente “la línea del partido”, los políticos no montarían concertaciones para reprimirlos? ¿Qué derecho tiene, insisto, ese poder público, de excluir a protagonistas de la función educativa porque supuestamente intervienen más de la cuenta en la educación, cuando él mismo, el “concierto” multipartidario, excluye, discrimina y despoja a los que tienen un inobjetable derecho natural a educar: los padres de familia, derecho que es anterior al del Estado y superior, en su ámbito, al del Estado? ¿No sería justo y constructivo aumentar, en lugar de sofocar “concertadamente”, la voz de los trabajadores sobre asuntos que interesan a la sociedad toda, como –por ejemplo—el de que no le degraden el salario para pagar acreedores externos, ni se adoctrine a los alumnos en ideologías internacionalistas? ¿No asiste inmensa razón a Don Juan Vázquez de Mella, que censuraba un modelo de democracia política que promueve el individualismo, la insolidaridad y la anarquía, por falta de su precioso complemento: la democracia social (no confundir con socialdemocracia) que reclama la representación –sí, también política-- de las comunidades naturales de convivencia (familia, gremio, región)? ¿Por qué el “concierto” de los parlamentarios que tenemos no se ocupa de cumplir esa exigencia constitucional positiva que pronto cumplirá un siglo sin realizarse –el Consejo de la Economía Nacional— para tratar de rescatar de la postración terminal a nuestra sociedad enferma de leyes que atomizan a los individuos para dejarlos inermes ante el absolutismo de Estado? ¿No será lógico esperar que oir y hacer participar ordenadamente a los gremios en su realidad profesional y en cuestiones sociales generales, sin temor ni escándalo, fomentará una autoselección de los más aptos y patriotas de sus filas, y ayudará a los propios gremios a liberarse de la manipulación política que –con razón— debe evitarse? ¿No facilitará esa actitud honesta de nuestra sociedad, al reconocer plenamente el derecho al pleno empleo y al salario familiar justo, el surgimiento de un sindicalismo nacional desintoxicado de ideologías decimonónicas que hacen de la lucha y no de la armonía de las clases el motor del la historia? Si no reconocemos el derecho sagrado del trabajador manual o intelectual de recibir la justa remuneración y el respeto a su dignidad, estaremos exacerbando la descomposición social que amenaza nuestra existencia colectiva y dejando a los trabajadores intelectualmente inermes frente a los cantos de sirena de malos dirigentes. Una cuestión final destaco como particularmente grave, y es la actitud servicial de dirigentes de partidos raigalmente tradicionales que en aras de una supuesta “oposición constructiva” (léase, de que se les permita decorar el tinglado del autoritarismo) prodigan coartadas a los nefastos planes globalizadores del gobierno y garantizan su perpetuación en el poder. Me refiero a que a través del pretexto de que son los sindicatos los que “meten el palo en la rueda” del régimen que soporta el país, esos líderes blancos o colorados están santificando a esos gobernantes, exculpándolos de su mal proceder, reiterando tácitamente esa otra grosera falsedad: que es la “ineptitud” o “inexperiencia” del partido mayoritario lo que explica sus “fracasos”, ocultando así el hecho real de que por imposición ideológica interna el programa de quienes hoy manejan el país es exacerbar diestramente la pobreza, fomentar hábilmente la descomposición social y familiar, endeudar sideralmente a la Nación, y así asegurarse, con certeza matemática, que no habrá reacción popular para cuando entronicen definitivamente su “democracia avanzada”. Esos políticos infieles a tradiciones de mejores épocas y mejores hombres de sus partidos, bien podrían jactarse de su macabra eficiencia. En efecto: pese a la política expoliatoria del gobierno, éste registra 47% de adhesión, frente a un escuálido 29% para el Partido Nacional, 17% para los colorados, 1% para los independientes. Tal la obra de los laderos “concertados”. La historia los recordará por su deletérea eficacia, por más que el dantesco Antenor y/o Interminelli sean sus tristes imágenes. 

Coronel (r) Luís Agosto
Unidad Nacionalista

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