En un país de viejos, hay 2000 casas de salud, pero sólo 93
cumplen todos los requisitos legales, es decir que de las no-legales
corresponde sospechar que no contribuyen a la salud, sino al deterioro
de la salud de las personas allí alojadas, ya que no se exponen a las
inspecciones y verificaciones de las autoridades. En el último censo del 2011, 463.890 personas tienen más de 65
años (14,1% de la población), de las cuales 12.000 residían en algún
centro de cuidados.
En Montevideo hay registradas 600 de esas
entidades con fines de lucro, cifra que llega a más del doble si se
suman las clandestinas, es decir ilegales, que no sería exagerado
calificar como centros de tortura y explotación.
El vivir más es una bendición, pero en el Uruguay la óptica
inmisericorde de un régimen intoxicado por su propia ideología
materialista, se concibe como un problema demográfico, con lo cual se
quiere encubrir que el problema de los ancianos invalidos es político, y
lo crea la falta de una Política Demográfica constructiva, la cual
jamás podrá esperarse de un régimen que combate el orden natural de la
familia y actúa como en la trágicómica observación de Chesterton, que lo
compara con un jardinero (el Estado) que riega las plantas con una
manguera (gastando) mientras las protege del agua de lluvia (la acción
natural de la familia) que hace innecesario y absurdo ese riego.
Los más modestos “hogares” (así se les llama) salen 7000 pesos, y los
caros, residenciales de lujo, cobran 50.000 mensuales. ¿Quiénes
acceden a estos? Una nueva desigualdad de clases de un régimen que
supuestamente va a abolir las clases.
Las prestaciones en estos centros son de acuerdo a la cuota, lo cual
clasifica a los adultos mayores por su nivel económico, contradiciendo
las tradiciones más sanas de nuestro pueblo .
El Estado reconoce
la existencia de un mercado negro, pero –asombrosamente-- la Justicia no
actúa de oficio, como es su obligación legal, máxime considerando que
muchos familiares de las víctimas no se atreven a denunciar para evitar
represalias aún más graves contra los internados.
Existe una Organización Nacional de Jubilados y una Secretaría de
Derechos Humanos que hizo diversas denuncias contra residenciales en que se
detectaron abusos. El número de infracciones debe ser muy superior al de
denuncias, pues de cada 10 residenciales 3 o 4 son irregulares. Tal
como se hace con otros infractores correspondería que se publicaran en
todos los medios de prensa las clausuras y sanciones a los
transgresores, no sólo como disuasivo, sino para alertar a los
familiares de potenciales víctimas.
Existe una Ley 17.066 de 1999 y su reglamentación, que crearon un
régimen especial para todos los centros, que deben brindar; vivienda
alimentación, y servicios relativos a la salud para adultos mayores, y
registrarse en el MSP.
Las exigencias son muchas pero solo 93 “hogares” cuentan con
habilitación en Montevideo y muchos estan bajo vigilancia porque no
cumplen con el 100% de los requisitos, lo cual es en sí una infracción
más, ésta del Estado, que tolera el funcionamiento –aunque fuera por un
solo día— de abusos contra compatriotas inermes. Cuesta creer que algún
integrante de la casta política tolerara complaciente que quienes han
atentado contra su integridad física y mental estando en estado de
indefensión simplemente fuera “vigilado”, en lugar de erradicado
deinitivamente del consorcio de las personas honestas y que para ganarse
el sustento deba acudir a medios más compatibles con la sensibilidad
humana.
El equipo de inspectores del sector ancianidad del MSP está integrado
por 6 (seis) personas. La cifra no requiere más comentarios,
particularmente en un régimen que se caracteriza por henchir hasta el
borde de la explosión el elenco de servidores públicos. Para la
izquierda, la salud de los viejos no es un “cometido esencial”.
Un caso más en que los DDHH en el País Progresista, fiel al
liberalismo agnóstico que lo engedró, viven la vida ficticia de los
códigos, sin reflejarse en lo más mínimo en la realidad.
Personal
escaso, falta presupuesto y especialización en lo público y en lo
privado, pues el equipo debería estar integrado por geriatras,
trabajadores sociales y psicólogos.
Sólo se clausura alguno de estos centros cuando se llega a
situaciones extremas. ¿Cuántas de ellas se enmascaran en estadísticas
complacientes, pintándolas como resultado natural de la decadencia
física que trae la edad, y no como lo que es: fruto de la soledad, el
desamparo y cosas peores que suceden en esas empresas “vigiladas”.
El Instituto Nacional del Adulto Mayor del MIDES (creado por Ley
18.617) señala que su objeto fue crear politicas de reinserción social
del adulto mayor. Conmovedores propósitos si no fuera que se innova,
añade y superpone caóticamente –para seguir inflando la plantilla de
“compañeros”—agencias públicas ya existentes, como el Programa del
Adulto Mayor del MSP. Y si alguna se toma en serio su responsabilidad,
como el Programa del Adulto Mayor del Ministerio del Interior, pues
simplemente se lo desmantela.
En Uruguay existen dos negocios que abren y cierran: los restaurants y las casas llamadas de salud.
A nivel público solo existe el Hospital Geriátrico Piñeyro del Campo,que ademas es residencial, con capacidad para 300 personas.
Pero la base del sistema de cuidados de la tercera edad, son las
residenciales privadas con fines de lucro, sean regulares o
clandestinas.
Note el lector que el régimen ataca a la
vida humana en los dos extremos etarios, promoviendo su destrucción en
el vientre materno y además acelerando --es decir promoviendo-- su
extinción en el tramo final de la vida.
Pero además a través de una política antifamilista directamente
emanada de la ideología que profesa y proclama un régimen que abreva
públicamente en el siniestro libro de Federico Engels “Origen de la familia, la Propiedad Privada y el Estado”, una de las piezas literarias más vomitivas que ha producido la decadencia humana.
Salario familiar justo, pleno empleo, extirpación de la
usura y la inmoralidad pública, fomento del matrimonio y la natalidad:
sencilla y natural fórmula que –si tuviéramos un régimen amigo del
pueblo y con amor a la patria --y no su antítesis actual-- haría que el
caso de los ancianos que fueran arrojados a casas “de salud” fuera una
excepción y una no cada vez más una regla con connotaciones a menudo
dantescas que nos deshonran como Nación.
Coronel Luis María Agosto Bessonart
Secretario General - Orientador Ideológico
Bloque Cívico UNIDAD NACIONALISTA
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